En el contexto del cambio de gobierno y del debate sobre el futuro energético del país, la Coalición Nacional Chao Carbón presenta el documento “Propuestas programáticas para una transición energética justa para el período presidencial 2026–2030”, un conjunto de lineamientos orientados a acelerar la descarbonización del sistema eléctrico chileno incorporando criterios de justicia social, participación territorial y reparación ambiental.
Chile ha avanzado significativamente en su transición energética durante la última década. Según el documento, 11 de las 28 centrales a carbón que operaban en 2018 ya han sido cerradas, mientras que otras unidades mantienen compromisos de cierre en los próximos años. No obstante, aún existen 8 unidades sin fecha de cierre comprometida antes de 2040, lo que plantea desafíos relevantes para cumplir las metas climáticas nacionales, incluyendo la carbono neutralidad al 2050.
Dado lo anterior, se propone acelerar el retiro del carbón incluso antes de 2035, idealmente hacia 2030, acompañado del despliegue de tecnologías habilitantes como almacenamiento energético, expansión de la transmisión y mayor penetración de energías renovables. Este impulso permitiría avanzar hacia la meta de que el 80% de la electricidad del país provenga de fuentes renovables hacia 2030, objetivo incluido en la actualización de la Contribución Nacional Determinada (NDC) de Chile.
Se enfatiza que la transición energética no puede limitarse a la sustitución tecnológica. Las comunas históricamente afectadas por la generación a carbón han acumulado impactos ambientales y sanitarios asociados a emisiones de material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y metales pesados, con consecuencias como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. En este contexto, el informe propone implementar planes de remediación ambiental, seguimiento epidemiológico y reparación social, junto con el desmantelamiento de infraestructuras contaminantes y la restauración de suelos y depósitos de cenizas.
Además, las propuestas subrayan la necesidad de fortalecer la planificación territorial del desarrollo energético para evitar conflictos socioambientales asociados a la instalación de proyectos renovables en zonas agrícolas, turísticas o cercanas a viviendas. Para ello se plantea mejorar instrumentos como los Planes Regionales de Energía, Polos de Desarrollo y planes de ordenamiento territorial, incorporando procesos participativos vinculantes.
Otro eje central es la democratización del sistema energético. Aunque Chile cuenta desde hace más de una década con regulación para la generación distribuida bajo el esquema de net billing, su adopción sigue siendo limitada: menos de 350 MW instalados, equivalente a menos del 2% de la capacidad total de energías renovables no convencionales del país. Para revertir esta situación, se propone impulsar proyectos energéticos comunitarios, fortalecer incentivos financieros y expandir la autogeneración en infraestructura pública como escuelas y hospitales.
En conjunto, estas propuestas buscan aportar al debate público sobre las prioridades del próximo gobierno, promoviendo una transición energética que no solo reduzca emisiones, sino que también repare los impactos del pasado, fortalezca la participación ciudadana y construya un sistema eléctrico más descentralizado, resiliente y socialmente legítimo.
