Moderniza el procedimiento de determinación y fijación de las tarifas de distribución eléctrica. Asimismo, reduce la tasa de actualización, la cual será aplicable después de impuestos y para su determinación se deberá considerar el riesgo sistemático de las actividades propias de las empresas de distribución eléctrica. Esta tasa no podrá ser inferior al 6% ni superior al 8%.