Recientemente Gabriela Elizondo, del Banco Mundial, señaló “que, a nivel continental, las Américas están bien posicionadas para contribuir a los objetivos climáticos globales y de seguridad energética.” De hecho, la región cuenta con una matriz energética que, en promedio, es menos dependiente de los combustibles fósiles si se compara con el promedio mundial (66% versus 80%). Sin embargo, cualquier país que avance en la descarbonización, enfrenta otros desafíos que tienen relación con que la transición se consolide como un proceso justo.
La pregunta, entonces es ¿cuáles son las características de una Transición Energética Justa? No existe una sola definición de este concepto, pues ha evolucionado a medida que la necesidad de contar con energías no contaminantes se ha ido posicionando como un imperativo central en el combate contra el cambio climático.
En los años 70, el término es acuñado por primera vez por los trabajadores y sindicatos de Estados Unidos quienes relacionaron el tema medioambiental con los problemas de salud de los trabajadores insertados en empresas contaminantes. De esta manera se buscó promover políticas públicas que solucionaran de manera simultánea los problemas medioambientales y el trabajo decente.
Con el paso del tiempo el término ha ido incorporando otros aspectos. De las demandas sindicales, se pasó a relevar la importancia de disminuir las emisiones de gases efecto invernadero sustituyendo los combustibles fósiles por energías limpias, poniendo el énfasis en los aspectos medioambientales y, desde hace algún tiempo, los desafíos de la transición energética no sólo se refieren a los aspectos técnicos de la misma, sino que se ha asumido como un proceso amplio que, además, implica superar la pobreza energética.
En este sentido, la CEPAL indica que “Una transición justa reconoce, por lo tanto, que los aspectos medioambientales, sociales y económicos están íntimamente vinculados y sólo pueden atenderse de manera integral. Por ende, una transición justa debe, por ejemplo, buscar vías para aumentar y complementar la política energética y climática, a la vez que garantiza las futuras oportunidades de empleo para aquellos que podrían verse afectados por los cambios causados por su implementación. Una transición justa significa lograr que la economía sea lo más justa e inclusiva posible, creando oportunidades de trabajo decente, sin dejar a nadie atrás.”
A su vez, la OIT la define como «la ecologización de la economía de una forma que sea lo más justa e inclusiva posible para todas las personas afectadas, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás».
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, ha identificado once elementos para una transición justa, entre los cuales destacan la Investigación y evaluación temprana de los impactos sociales y laborales de las políticas climáticas, la diversificación económica basada en inversiones con bajas emisiones de carbono y las políticas específicas de género que fomenten resultados equitativos.
De esta manera, hoy se le exige a la Transición Energética no sólo que sea técnicamente factible y eficiente, sino que es necesario que el proceso contemple elementos de justicia social como son la universalidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad del servicio y la reconversión laboral necesaria para no perder puestos de trabajo, entre otros atributos.